No vale todo para mantener la ceja en alto… | Jesús Messia

No vale todo para mantener la ceja en alto…

Recientemente, la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2010 ha recordado una doctrina que, si bien entendíamos había quedado precisada y era clara para todos, sin embargo se continuaba poniendo en tela de juicio desde algunas instancias. En concreto, las sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual han tratado de defender los derechos de sus representados –incluso, de autores a los que no parecen representar de manera efectiva- mediante la vulneración de un derecho, como el relativo a la protección de datos personales, de rango fundamental  y cuyo contenido esencial había quedado prefijado desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2000.

En el litigio en cuestión, la sociedad de gestión PROMUSICAE pretendía obtener la habilitación para tratar las direcciones IP de los usuarios, por entender que no se trata de un dato personal. En caso contrario, solicitaba la exoneración del deber de información del art. 5 de la LOPD y, sobre todo, entendía que ni concurría consentimiento tácito de los interesados al tratamiento ni tampoco existía habilitación de la Ley de propiedad intelectual para perseguir las vulneraciones de los derechos de autor presuponían que PROMUSICAE estaba autorizada por ley para el tratamiento de los datos de IP.

Respecto de la primera cuestión, tanto la AEPD como otras instancias se habían pronunciado sobre la naturaleza de la IP como dato personal. En nuestra opinión, no parece haber dudas al respecto, como no sean dirigidas a la exclusión de la aplicación de la LOPD y su reglamento, por cuanto la IP aporta información sobre una persona identificable, sea aquélla estática o dinámica. Los proveedores de acceso conocen quien está detrás de la IP, al menos el titular de la conexión. La identificación del navegante es, por lo tanto, más que factible.

Una cuestión central es la necesidad de que el consentimiento, pudiendo ser tácito, deba ser inequívoco. La argumentación de PROMUSICAE sobre el hecho de que el navegante conoce la posibilidad de identificación y, por lo tanto, consiente, no resiste una mínima argumentación. Conocer no es consentir: de hecho, el conocimiento o información es presupuesto de la voluntad, pero no se equipara a la misma. Tampoco es aceptable el argumento de la habilitación de la Ley de Propiedad Intelectual al tratamiento, sobre la base de la necesidad del mismo para perseguir las vulneraciones de los derechos de autor: tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han afirmado en numerosas ocasiones que tal limitación al derecho a la protección de datos requiere una habilitación normativa precisa.

En definitiva, el Tribunal Supremo no encuentra en este supuesto razones suficientes para justificar la limitación en los derechos de los ciudadanos para satisfacer derechos de naturaleza económica que, por otro lado, se puede defender sin erosionar los primeros. El propio Tribunal recuerda que PROMUSICAE no ha recordado de forma satisfactoria la estricta necesidad de la medida limitativa y la ausencia de otras posibles vías. Sólo así se puede justificar la excepción al consentimiento.

En nuestra opinión, se trata de una resolución que debemos aplaudir, por cuanto pone freno al deseo insaciable de las entidades de gestión, que, amparadas por normativas y actitudes de gobiernos anteriores, se autoarrogaron una posición de supuesta superioridad, incluso en perjuicio de derechos de máximo rango. La creación es primordial en las sociedades de nuestro tiempo, pero no a cualquier precio, máxime si tenemos en cuenta que los lícitos objetivos de los autores se pueden alcanzar por otros medios menos agresivos, aunque, eso sí, más incómodos.

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