La memoria, el olvido y Google

Esta semana no se habla otra cosa en los corrillos de la protección de datos que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la responsabilidad de Google y, en general, de todos los buscadores por razón de los datos que aparecen tras una búsqueda como consecuencia de su indexación. Como es sabido, la Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento sancionador que acabó en la Audiencia Nacional, la cual formuló cuestión prejudicial respecto de la consideración de un buscador como responsable del tratamiento.

 

En este procedimiento ante el TJUE, el Abogado General presentó unas conclusiones en las que rechazaba la consideración de Google como responsable, por entender que los únicos datos que trata eran los incluidos en su índice, de tal forma que su participación consistía en una remisión a los verdaderos reservorios de la información, que eran las páginas en cuestión. De esta forma, entendía que el denominado derecho al olvido debía ejercitarse ante estas páginas, exonerando a los buscadores de las labores de cancelación. En la mayoría de los casos, las conclusiones del Abogado General suelen ser un poderoso indicio de cuál vaya a ser la decisión final del TJUE, aunque por supuesto no es vinculante. De hecho, tanto en este caso como en otros recientes –véase, por ejemplo, la reciente sentencia del caso Telekabel sobre la responsabilidad de los proveedores de acceso a la red por los actos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los usuarios-, el Tribunal se ha apartado, siquiera parcialmente, de tales conclusiones. Así, el TJUE ha proclamado la responsabilidad de los buscadores y la consiguiente posibilidad de exigirles el borrado de los datos cuya divulgación ya no se justifica por su falta de concordancia con la realidad que refieren.

 

No cabe duda que esta decisión ha generado una idea general en la opinión pública de defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la posición casi inalcanzable del todopoderoso Google. Sin embargo, desde un punto de vista técnico produce sensaciones encontradas. En relación con la concepción de los enlaces a contenidos protegidos por la propiedad intelectual, la doctrina tradicional de los jueces españoles rechaza que aquéllos puedan ser considerados como supuestos de comunicación al público y de puesta a disposición del público, evitando así la imputación de responsabilidad a los proveedores de enlaces. Incluso, el TJUE ha sostenido que no todos los enlaces suponen un supuesto de comunicación al público, sino que se requiere que los destinatarios que acceden a través de un link deben ser nuevos o distintos a los que acceden de forma directa –caso Svensson-, lo que no se produce en el caso de un buscador. Cierto que esta doctrina se aplicaba para la protección de los derechos de propiedad intelectual, sin referencia alguna a la protección de datos. Sin embargo, no debemos olvidar que la normativa de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico ha establecido un régimen el régimen de responsabilidad transversal de los proveedores de servicios, aplicable por ejemplo a los supuestos de vulneración del derecho al honor. Quizás, esta circunstancia genera la necesidad de realizar un análisis que permita encajar ambas normativas.

 

Por otra parte, la solución adoptada por el TJUE quizás conlleve la necesidad de revisar el texto del proyecto del nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos. El artículo 17.2, relativo al derecho al olvido, dispone que “ Cuando el responsable del tratamiento contemplado en el apartado 1 haya hecho públicos los datos personales, adoptará todas las medidas razonables, incluidas medidas técnicas, en lo que respecta a los datos de cuya publicación sea responsable, con miras a informar a los terceros que estén tratando dichos datos de que un interesado les solicita que supriman cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos . Cuando el responsable del tratamiento haya autorizado a un tercero a publicar datos personales, será considerado responsable de esa publicación”. La doctrina ha considerado que este precepto imputa la responsabilidad de satisfacer el derecho al olvido a los proveedores de contenidos, no a los que proporcionan enlaces, como los buscadores. Aunque la sentencia no tenía que seguir el dictado de esta norma, sin embargo sería aconsejable que se adoptase una línea común.

 

Esta resolución requiere, como vemos, un análisis más detenido. No obstante, es obvio que su simple lectura ya sugiere numerosas cuestiones. Sin duda, se trata de una solución que puede favorecer la efectividad de los derechos de los ciudadanos, a los que se les evita tener que peregrinar por numerosas páginas para lograr la cancelación. Sin embargo, parece generar también una doctrina que abre nuevos interrogantes y obliga a reconsiderar algunos conceptos.

 

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