Pedro Crespo y la protección de datos personales

“…Al rey la vida y la hacienda se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios…” Me vienen a la cabeza estas hermosas palabras de Calderón de la Barca cuando leo, no sin preocupación, las últimas noticias sobre las condenas judiciales y las sanciones que la Agencia Española de Protección de datos han impuesto por la vulneración del derecho al honor y el incumplimiento de la normativa de protección de datos en relación con la inclusión de datos personales en los ficheros sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias o, en términos más populares, ficheros de morosos.

 

En efecto, tanto el Tribunal Supremo –sentencia 12/2014, de 22 de enero– como la AEPD han sancionado recientemente el proceder de diversas operadoras de telefonía y entidades bancarias por inclusión indebida de los datos de usuarios en tales ficheros. Así, en unos casos se acreditaba que el usuario no había llegado a disfrutar del servicio contratado, aun cuando la empresa sí había iniciado la facturación. En otros, ni siquiera se había contratado el servicio que se facturaba, como se deducía de la imposibilidad por parte de la operadora de acreditar la referida contratación. Mayor interés presentan las diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre estos ficheros y tratamientos en relación con deudas bancarias. Prescindiendo del análisis de los hechos, el Tribunal ha sostenido de forma reiterada que la inclusión indebida supone una vulneración del derecho al honor, por cuanto se produce una afección directa al prestigio, tanto personal como profesional, del sujeto interesado, en consonancia con la consideración externa de este derecho, como manifestación de la fama del sujeto en cuestión. Y dicha vulneración se produce por incumplimiento de la normativa de protección de datos.

 

En concreto, se manifiesta que la práctica de un asiento en el fichero por impago de una deuda de pequeña cantidad no puede atender al cumplimiento de la finalidad de enjuiciar la solvencia patrimonial del interesado, como exige la normativa aplicable. En efecto, la deuda de uno o dos recibos de la televisión de pago o del teléfono móvil no pueden informar de forma precisa sobre la solvencia o insolvencia del sujeto. Cierto es que, por esta vía, numerosas deudas podrían quedar desprovistas de este mecanismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, quizás, no sea este el medio adecuado para garantizar el cobro. En este sentido, el propio Tribunal Supremo ha sostenido que resulta inaceptable el empleo de estos ficheros como medio de presión a los consumidores para el pago, excediendo con ello de los objetivos reconocidos por la Ley a estos ficheros. Se trata de mecanismos de información, no de presión. No es lícito el uso de información como forma de chantaje injustificable que pueda suponer la vulneración de los derechos de la persona.

 

De otra parte, no parece correcto, sobre todo en épocas de crisis, que la inclusión en estos ficheros se realice de forma indiscriminada, es decir, con independencia de la posible causa que ha motivado la inclusión. En este sentido, la consideración hacia una persona que no paga porque no puede subsistir económicamente no puede ser la misma que reciba aquél que no paga por no quiere hacerlo, sin más. Es obvio que no sería lógica la imposición a los acreedores de la diligencia excesiva de averiguación de las referidas causas de impago. Sin embargo, no estaría de más, en tales supuestos, establecer la posibilidad de acreditar una causa que pueda justificar moralmente la conducta incumplidora y, con ello, limitar en alguna medida el acceso al fichero. Quizás, esta solución puede parecer un tanto excesiva, sin embargo si no deseamos aumentar la bolsa de personas en situación de exclusión económica y social, deberíamos platearnos alguna medida como la propuesta.

 

Es cierto que la falta de transparencia de los mercados se ha argumentado como una  de las causas directas de la producción y expansión de las crisis financieras. Pero no debemos olvidar un detalle decisivo: dicha falta de transparencia no era predicable de los consumidores, sino precisamente de las propias entidades financieras, que reclaman los bolsillos y las carteras de cristal. El impago actual no puede servir de prueba vinculante y definitiva del impago futuro, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos no pagan hoy porque no pueden. De sobra sé que en los mercados el incumplimiento descausalizado es motivo de desconfianza y, con ello, del endurecimiento de las condiciones del préstamo, cuando no de negativa del mismo. En cualquier caso, en justa reciprocidad también las entidades que nos exigen el cumplimiento irreprochable deberían dar ejemplo de transparencia, sobre todo ahora que son prestatarias, en una ingente cantidad, del dinero de todos nosotros.

 

Mi hacienda será suya, pero mi alma…

Sin comentarios | Leído 241 veces

Tu puedes enviar una respuesta, or trackback desde tu propio site.

Deja un comentario

*