Privacidad versus seguridad: la Directiva de conservación de los datos de tráfico

Una de las noticias más destacadas de los últimos días sobre privacidad en la UE ha sido la aparición de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014, por la que se declara la invalidez de la Directiva 2006/24/CE, de 15 de marzo, sobre conservación de los datos de servicios de comunicaciones electrónicas. La resolución en cuestión entiende que esta normativa genera una injerencia excesiva en la privacidad, que se deriva de la ausencia de la mínima proporcionalidad entre el sacrificio generado en los derechos individuales de respeto a la vida priva y a la protección de datos –artículos 7 y 8 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE- y el objetivo perseguido de lucha contra la delincuencia grave y la garantía de la seguridad pública.

 

Así, afirma el Tribunal que la acumulación y tratamiento por el plazo máximo de dos años proporciona a quienes acceden a los datos información muy precisa sobre hábitos, residencia o ubicación espacial, actos realizados y relaciones sociales de los interesados. Ello se pone de manifiesto de forma especial, como ya dijimos hace mucho tiempo, en el tratamiento de los datos personales sobre tráfico en Internet. La delgada línea roja existente entre el formato externo de la comunicación y su contenido se diluye hasta confundirse en numerosas ocasiones. Si yo puedo conocer cuándo se accede a determinados contenidos, desde qué equipo, el tiempo de dichos accesos, los contenidos, etc., ¿qué grado de privacidad queda excluido del conocimiento ajeno? Son múltiples las deficiencias que la sentencia destaca de la Directiva 2006/24/CE. No se incluyen requerimientos o condiciones materiales y de procedimiento que legitimen el acceso posterior a los datos por las autoridades. De otra parte, no se establece el deber de información a los interesados, lo que puede generar una sensación de vigilancia constante e incontrolada. El establecimiento del plazo de conservación –mínimo de 6 meses y máximo de 24- no se acompaña de una regulación que incluya criterios objetivos que permitan precisar aquél, según los casos. Tampoco se establecen medidas de garantía y seguridad suficientes de la información conservada, ni se hace referencia a su posterior destino, en concreto a su destrucción, una vez concluido el plazo. Otra de las deficiencias que la sentencia pone de manifiesto es la posibilidad de que los operadores adopten las medidas de seguridad en función de los costes de dicha implantación, lo que supone una sumisión inadmisible de la defensa de los derechos individuales a la racionalidad económica de las medidas. También destaca el Tribunal que la Directiva no impone la conservación de los datos dentro del territorio de la Unión, lo que podría suponer una vía de escape a la aplicación de la propia Directiva en sí.

 

Como se puede comprobar, las previsiones de la Directiva en cuestión vulneran aspectos que forman parte de la esencia de los derechos fundamentales arriba referidos: no se respeta el principio de calidad de los datos, pues no se discrimina la conservación desde un punto de vista objetivo ni se adoptan soluciones respetuosas del deber de actualización; tampoco se respeta el principio de consentimiento, puesto que no se precisan las razones que justifican el posterior acceso; no se cumple el deber de información; no se impone un nivel de seguridad adecuado. En cualquier caso, sorprende que esta normativa se haya mantenido tanto tiempo y que no se hubiese elevado cuestión prejudicial al TJUE con anterioridad, dada su imprecisión y, por ende, las enormes posibilidades que la misma daba a los operadores y a las autoridades. No obstante, esta sentencia no propicia, por sí, la reforma de las regulaciones nacionales: para ello, se requiere la aprobación de una nueva regulación europea o el inicio de procesos judiciales internos que concluyan anulando aquéllas. Así, las asociaciones de consumidores y asociaciones interesadas en la materia tienen esta tarea por delante.

 

En relación con esta cuestión, los operadores de comunicaciones no son los grandes perjudicados de esta decisión judicial. Por el contrario, muchos de ellos manifiestan cierta satisfacción por la misma, ante los costes económicos que la conservación les genera. Son más bien las fuerzas y cuerpos de seguridad los grandes damnificados. En este sentido, ya han manifestado su contrariedad por el fallo, al entender que el mismo supone un obstáculo al éxito de sus labores de investigación criminal en relación con las actividades delictivas cometidas en la red. En concreto, se ha afirmado que la ausencia de conservación dificulta el inicio de las investigaciones. También se ha señalado que estas soluciones de limitación de las posibilidades de la policía otorgan cierta ventaja a las organizaciones y actos terroristas. De nuevo el debate sobre la privacidad y la seguridad. ¿Debemos renunciar a ciertas cotas de libertad y a ciertos derechos en aras de nuestra seguridad? Es innegable que nuestra preservación exige la renuncia, siquiera parcial y temporal, a algunos logros alcanzados a lo largo de nuestra historia. Ahora bien, también debemos hacer un esfuerzo por determinar el nivel de renuncia aceptable, de tal forma que nuestro legítimo derecho a defender nuestra forma de vida y, por qué no decirlo, nuestra civilización, no acabe precisamente por desdibujar su fisonomía y eliminar sus rasgos definitorios, de manera que no sea recognoscible y se asemeje al modelo que, precisamente, rechazamos.

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